El viejo edificio del Instituto de Rehabilitación “Julio Herrera”, todo un emblema de la historia de la ciudad, cerró definitivamente sus puertas.  Casi trescientos reclusos entre penados y procesados fueron trasladados al nuevo edificio que funciona en Miraflores, en el departamento Capayán, una estructura de cemento y metal de más de 8 mil metros cuadrados cubiertos, con condiciones de seguridad más exigentes a las que regían la vida de los que tienen cuentas pendientes con la ley.
Ahora, la vieja mole de cemento y piedra ubicada en la intersección de las avenidas Virgen del Valle y Guemes es un mudo testigo de casi de un siglo de vivencias de todo tipo, de historias escritas con horror y sangre, pero también con solidaridad, a pesar de ser el escenario urbano donde más impera la ley de la selva.
 Su construcción se inició en 1913 y se finalizó en 1915, entre las gestiones de Ramón Clero Ahumada y del interventor federal Carlos Aldao.  Su ubicación había sido pensada en las afueras de la ciudad, pero el crecimiento poblacional y habitacional dejó al edificio penitenciario metido en el centro de un conglomerado de casas y edificios, en una situación que hoy va a contrapelo de las más elementales normas de seguridad.
La ya desactivada cárcel catamarqueña albergó presos de la más variada catadura e incluso formó parte del engranaje represivo de la última dictadura militar. Tras el golpe del 24 de marzo de 1976 sus muros privaron de libertad, entre otros, al destituido gobernador Alberto Mott, al vicegobernador Antonio
Onésimo Saadi, a los ministros Alberto del Valle Toro y Sebastián Alejandro Corpacci –padre de la actual vicegobernadora de Catamarca, Lucía Corpacci-, y a reconocidos gremialistas como Patricio Scolamieri e Isauro Molina. También a jóvenes quedaron tras sus rejas dirigentes como los hermanos Colombo, Díaz Martínez y otros.
Ellos encabezaban un grupo de presos políticos al que se privó de los más elementales derechos humanos. La mayoría de los detenidos fueron trasladados luego a otros penales de mayor seguridad como los de Sierra Chica, Caseros o Rawson.

Cambio de hábitos

Si bien durante la dictadura la población carcelaria sobrepasaba la cantidad para la que el edifico había sido construido –su capacidad era para 150 personas y albergaba a más de 250-, entre los ’80 y ’90 la cantidad de penados disminuyó considerablemente. En 1998, año en el que fueron Guillermo Daniel Luque y Luis Raúl Tula fueron alojados allí luego de ser condenados por la muerte de María Soledad Morales, la población carcelaria casi rozaba el centenar de personas.
Pero con el correr del tiempo, así como cambiaron los hábitos de los ciudadanos comunes, también se modificaron las conductas dentro del penal. La cantidad de presos aumentó considerablemente y también  la violencia en el interior del edificio: los motines fueron difíciles de controlar y las agresiones entre reos se volvieron moneda corriente.
El hacinamiento y la obsolescencia de un edificio que había sido concebido con otros fines obligaron al gobierno provincial, en diciembre de 2003, a anunciar la construcción de la nueva cárcel. Ahora, las autoridades piensan demoler cada piedra del lugar y convertirlo en un centro cultural. De la vieja cárcel sólo quedarán los fantasmas de casi un siglo de historia de dolor y desolación en un purgatorio terrenal en el que conviven tanto el valor y la solidaridad como las más repudiables bajezas humanas.